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El gobierno estadounidense le pagó a John Ross $776.393,98 el 13 de noviembre, 1838 (p. 104), a la razón de $66.24 per cápita. John Bell, como secretario de la guerra, le pagó otros $486.939,50 el 6 de septiembre, 1841, y todo el dinero que Ross recibió fue deducido del total que los cheroquis recibieron por sus tierras al este del río Mississippi bajo las provisiones del tratado de 1835.
La Nación Cheroqui Oriental promulgó una resolución antes de dejar Georgia, negando la validez del tratado de 1835 en pro de la demarcación terrenal del tratado de 1819 (p. 105). El motivo fue que la Nación no dio su consentimiento a las cesiones posteriores (pp. 104, 5). Por ende, los Estados Unidos debieron pagarles a la Nación y a los individuos afectados por lo que le hicieron después de aquel año.
En la correspondencia entre Ross y los jefes de los cheroquis occidentales, Ross y los suyos expresaron un deseo de “unirse” con los occidentales, pero con su propio gobierno y leyes (p. 110). El concilio occidental rechazó la última proposición como imposible. Starr narra que había dos concilios distintos en Takatoka —el de Ross y el de los occidentales—, cuyas deliberaciones nunca se coincidieron (p. 111) Para Ross, la idea de someter a los orientales a las leyes occidentales era lo mismo que aniquilar la nación oriental.
Starr dice que tres hombres llevan la responsabilidad para el tratado de 1835: John Ridge, padre, John Ridge, hijo, y Elias Boudinot (nacido Buck Oowatie, p. 113). Creyeron que su nación sufría la explotación de los estadounidenses, juzgándolo mejor que se mudara para escapársela. Los tres fueron asesinados el 22 de junio, 1839. Al ser informado, John Ross buscó protección militar (p. 114), lo cual provocó a la Nación Cheroqui Occidental a sugerir una reunión para reorganizar su gobierno para la satisfacción de ambos partidos de cheroquis (p. 115).
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